Radio y televisión ¿propiedad del Estado? Ley Federal de Radio y Televisión.

Omar Romo.

“La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el servicio de radiodifusión”  de esta forma cita el artículo segundo de la Ley Federal de Radio y Televisión y que interpretaré en el presente documento.

Esta cita puede resumir en gran parte la ley decretada por el gobierno de Adolfo López Mateos y reformada últimamente en 2012. Se dice que es de orden público, pues aunque los interesados sean los empresarios de las telecomunicaciones y sean ellos quienes exploten los servicios de ondas, es el Estado quien supuestamente es el dueño del espacio aéreo del país, lugar donde se mueven las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico.

Y escribo la palabra “supuestamente” porque quienes de vedad parecieran los dueños de estos servicios son las principales empresas de radiodifusión, especialmente el duopolio televisivo que controla la mayoría de los servicios y quienes en realidad imponen las condiciones al gobierno para trabajar a su manera e imponiéndose sobre la ley.

Se menciona a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como la principal responsable de regular, otorgar licitaciones y permisos así como sancionar sea el caso a  los medios de radiodifusión, sin embargo conviene mencionar que el actual gobierno ha creado el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien ahora tomará esa responsabilidad, organismo deseado como autónomo, pero que malos manejos desde el nacimiento de éste, lo aleja de lo que debería ser, sin embargo ese es un tema aparte.

Un punto a favor de la ley es la reforma y ampliación del artículo 17, pues contiene todos los requisitos formas de otorgar una concesión, desde la convocatoria hasta la licitación de forma muy clara, de la misma forma los que se refieren a los permisos, los cuales son exclusivos para organismos del gobierno Federal, Estatal, Municipal e instituciones educativas como las universidades.

El artículo 59 BIS, agregado en 2009 dio mucho de qué hablar en ése entonces, pues se acostumbraba a pagar a los medios el tiempo de partidos políticos y del Instituto Federal Electoral (IFE) en tiempos de campañas electorales, sin embargo este artículo le otorga tiempo gratis en los medios a los citados organismos.

Esta ley también trata de proteger al ciudadano, visto como un consumidor ante la publicidad de las cadenas comerciales, trata de que los medios reproduzcan publicidad sana, que no incite a dudas, a mentiras en cuanto a la alimentación nutritiva, evitar el uso desproporcionado del alcohol, etc. Lamentablemente en la realidad parece que se hace lo contrario, pues aunque se hace un mínimo esfuerzo, el poder de los empresarios sobrepasa el de la ley.

En las sanciones, a mi consideración, la ley busca controlar a los medios, regularlos y mantenerlos siempre vigilados, imponerles tiempos de propaganda del propio gobierno y no está mal, a salvo de un “control”, lo que  se puede considerar mal es que no sea una regulación pareja para todos los medios, que algunos gocen de privilegios, grandes por cierto, de saltarse la ley cuando quieran y que hasta Hacienda le condone sus impuestos, siendo ellos quienes más ganan en este país. Del otro lado, existen medios que son extremamente vigilados y sancionados por el gobierno, utilizando castigos que no vienen escritos en esta ley como el quitar la propaganda gubernamental, castigo en el que muchos medios responsables se han visto afectados.

En realidad no existe una real competencia como lo requieren las letras de esta ley, sabemos que son dos empresas las que superan por mucho a las demás y que obviamente, son aliadas (en veces jefes) del gobierno, es por eso la interrogante de ¿El Estado es real propietario del espacio radioeléctrico?

 

 

Ley Federal de Telecomunicaciones: ante un nuevo universo tecnológico

Omar Romo.

            La Ley Federal de Telecomunicaciones es para mí, en general, una evolución de la Ley Federal de Radio y Televisión, evolución obligada por los grandes cambios tecnológicos y sociales acontecidos en los últimos años, sin embargo aún queda trabajo por realizar debido a que Internet sigue sin regularse del todo aún.

            Cita el artículo séptimo de la presente ley:

La presente Ley tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social.[i]

Son cuatro rasgos entonces los que la Ley va a fijar su mirada de acuerdo a sus objetivos y que a continuación trataré de interpretar.

Comenzado con promover el desarrollo eficiente del campo, la Ley tiene una estructura bastante clara en cuanto a su organización, la que deja en evidentes atribuciones de poder a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), que hasta hace unas semanas existía y que ahora se ve reemplazada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) con prácticamente las mismas atribuciones. La Ley busca entonces con esta forma de organización la eficiencia de las telecomunicaciones en el país, bajo la oportuna vigilancia del organismo.

En cuanto al segundo objetivo, el Estado es el propietario de todo el espectro radioeléctrico dependiendo directamente de la Secretaría de Gobernación y para dar más en el clavo es la Cámara de Senadores quien en última instancia elige a los representantes que presidirán los diferentes organismos reguladores de las telecomunicaciones.

Con esto, el gobierno pretende proteger la soberanía nacional en este aspecto, aunque también en las concesiones, limitadas exclusivamente para empresarios mexicanos y la participación extranjera, que no debe exceder el 49 por ciento a excepción del servicio de telefonía celular.

Lograr mejores precios, calidad y diversidad es el tercer objetivo de esta Ley, que mediante la correcta y justa licitación de concesiones pretende fomentar una sana competencia entre las empresas participantes. Para llegar a esto, la presente Ley fija reglas claras sobre las concesiones que se dan mediante convocatorias y multando, sancionando o revocando derechos a quien así les pareciere justo.

Y por último, el cuarto objetivo que va dirigido a promover una adecuada cobertura social se limita a dos artículos directamente (50 y 51) y se sintetizan a que la SCT “procurará” dar servicios de telecomunicaciones en cada rincón del país, con esta “procuración”, considero, no se compromete a nada y no existen garantías de que de verdad exista la completa cobertura social y lo constatamos actualmente en la realidad de las poblaciones alejadas de las urbes de nuestro país, que si no se les aseguran sus derechos básicos de agua potable, alimentación y educación, mucho menos van a tener una cobertura de telecomunicaciones amplia.

En conclusión esta Ley parece ser un perfecto complemento a la Ley de Radio y Televisión, tiene más vigencia aunque también es incompleta ante los nuevos descubrimientos en el ramo que cada día están a la alza.

 

 

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[i] Ley Federal de Telecomunicaciones

La transparencia grisácea

Omar Romo.

            La información pública debe estar en manos de todos los mexicanos y el artículo 6° de nuestra Constitución Mexicana lo considera así, con lo que se convierte en un derecho fundamental.

            ¿Qué es lo que hace que este derecho sea importante?

            El ciudadano mexicano promedio a diario paga impuestos regados alrededor de los servicios básicos y lógicamente en los que no lo son, esos impuestos van a las arcas del gobierno que los distribuye para que se transformen de vuelta en servicios para la sociedad y se supondría que estos recursos de los mismos mexicanos deberían recaer en ellos, pero lamentablemente cada vez es más recurrente escuchar de desvíos de fondos, lavado de dinero, desfalcos a las arcas municipales y estatales, etc. Todos estos problemas tienen su raíz en que la cultura de la transparencia no es la que reina precisamente en México.

            Y esto a pesar de la creación de institutos como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y sus organismos estatales, en el caso de Sinaloa, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) que se crean a partir de la Ley Federal de Transparencia y cuyas responsabilidades se centran en ser el medio entre los funcionarios públicos y la transparencia de sus cuentas.

            Sin embargo, la tranparencia en nuestro país se torna grisácea, pues aunque la transparencia en el más sentido de la palabra no tiene color, en México se hacen esfuerzos para que sea grisácea y se sabe que cualquier pizca de este se nota a distancia la mancha sobre la transparencia.

            Son múltiples los funcionarios públicos que evaden su responsabilidad hacia el pueblo y olvidan que ellos son quienes los eligieron y mantienen en la posición económica a ellos y a sus familias. Al olvidarse esto, es común encontrarse en el diario notas cuyos encabezados aluden al lavado de dinero, desvío de fondos, etc. Perpetrados por los mismos gobernantes a los que se eligió en una urna.

            El Instituto y sus organismos se vuelven ineficientes al apoyar este tipo de conductas con sus posturas mediocres y suaves ante la transparencia de cuentas.

            Pues aunque se quieren agilizar los procesos para la obtención de información pública, estos se vuelven complejos para una persona que va a necesitarlos por primera vez y se vuelve más una odisea en donde la paciencia es el valor primordial para no decaer en el intento y terminar con una respuesta mediocre en el mejor de los casos.

            No siempre es así, sin embargo la mayoría de las veces si lo es, pues ante información comprometida el gobierno da tibias respuestas, disfrazadas de completas en un lapso de tiempo rayando al establecido, anteponiendo amparos para guardarse la información o de plano catalogarla como confidencial y ahorrarse definitivamente de problemas.

            Esto hace que parezca una típica persecusión gato-ratón, policía-ladrón  al más puro estilo mexicano; teniendo la figura del policía/gato el ciudadano mexicano que recurre al Instituto para obtener información y el gobierno poniéndose la camiseta del ladrón/ratón escapando de las maneras más inimaginables posibles para dar información escueta y con eso lavarse las manos y volver a escapar. Es decir, en un momento se piensa que los tenemos atrapados, en nuestras manos y cuando nos damos cuenta de la realidad estamos en la misma situación de antes, o tal vez peor.

            En México hace falta una cultura de la transparencia, antepuesta por el valor de la honestidad ante todo, pues sin este no va a llegar el primero de ninguna forma. Si se quiere que el país avance, entonces se tiene que trabajar en este punto, pues no hay mejor gobierno que el que transparenta sus cuentas.