Omar Romo.
La información pública debe estar en
manos de todos los mexicanos y el artículo 6° de nuestra Constitución Mexicana
lo considera así, con lo que se convierte en un derecho fundamental.
¿Qué es lo que hace que este derecho
sea importante?
El ciudadano mexicano promedio a
diario paga impuestos regados alrededor de los servicios básicos y lógicamente
en los que no lo son, esos impuestos van a las arcas del gobierno que los
distribuye para que se transformen de vuelta en servicios para la sociedad y se
supondría que estos recursos de los mismos mexicanos deberían recaer en ellos,
pero lamentablemente cada vez es más recurrente escuchar de desvíos de fondos,
lavado de dinero, desfalcos a las arcas municipales y estatales, etc. Todos
estos problemas tienen su raíz en que la cultura de la transparencia no es la
que reina precisamente en México.
Y esto a pesar de la creación de
institutos como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos (IFAI) y sus organismos estatales, en el caso de Sinaloa, la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES)
que se crean a partir de la Ley Federal de Transparencia y cuyas
responsabilidades se centran en ser el medio entre los funcionarios públicos y
la transparencia de sus cuentas.
Sin embargo, la tranparencia en
nuestro país se torna grisácea, pues aunque la transparencia en el más sentido
de la palabra no tiene color, en México se hacen esfuerzos para que sea
grisácea y se sabe que cualquier pizca de este se nota a distancia la mancha
sobre la transparencia.
Son múltiples los funcionarios
públicos que evaden su responsabilidad hacia el pueblo y olvidan que ellos son
quienes los eligieron y mantienen en la posición económica a ellos y a sus
familias. Al olvidarse esto, es común encontrarse en el diario notas cuyos
encabezados aluden al lavado de dinero, desvío de fondos, etc. Perpetrados por
los mismos gobernantes a los que se eligió en una urna.
El Instituto y sus organismos se
vuelven ineficientes al apoyar este tipo de conductas con sus posturas
mediocres y suaves ante la transparencia de cuentas.
Pues aunque se quieren agilizar los
procesos para la obtención de información pública, estos se vuelven complejos
para una persona que va a necesitarlos por primera vez y se vuelve más una
odisea en donde la paciencia es el valor primordial para no decaer en el
intento y terminar con una respuesta mediocre en el mejor de los casos.
No siempre es así, sin embargo la
mayoría de las veces si lo es, pues ante información comprometida el gobierno
da tibias respuestas, disfrazadas de completas en un lapso de tiempo rayando al
establecido, anteponiendo amparos para guardarse la información o de plano
catalogarla como confidencial y ahorrarse definitivamente de problemas.
Esto hace que parezca una típica
persecusión gato-ratón, policía-ladrón
al más puro estilo mexicano; teniendo la figura del policía/gato el
ciudadano mexicano que recurre al Instituto para obtener información y el gobierno
poniéndose la camiseta del ladrón/ratón escapando de las maneras más
inimaginables posibles para dar información escueta y con eso lavarse las manos
y volver a escapar. Es decir, en un momento se piensa que los tenemos
atrapados, en nuestras manos y cuando nos damos cuenta de la realidad estamos
en la misma situación de antes, o tal vez peor.
En México hace falta una cultura de
la transparencia, antepuesta por el valor de la honestidad ante todo, pues sin
este no va a llegar el primero de ninguna forma. Si se quiere que el país
avance, entonces se tiene que trabajar en este punto, pues no hay mejor
gobierno que el que transparenta sus cuentas.
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