“La presente Ley es de orden
público y tiene por objeto regular el servicio de radiodifusión” de esta forma cita el artículo segundo de la
Ley Federal de Radio y Televisión y que interpretaré en el presente documento.
Esta
cita puede resumir en gran parte la ley decretada por el gobierno de Adolfo
López Mateos y reformada últimamente en 2012. Se dice que es de orden público,
pues aunque los interesados sean los empresarios de las telecomunicaciones y
sean ellos quienes exploten los servicios de ondas, es el Estado quien
supuestamente es el dueño del espacio aéreo del país, lugar donde se mueven las
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico.
Y
escribo la palabra “supuestamente” porque quienes de vedad parecieran los
dueños de estos servicios son las principales empresas de radiodifusión,
especialmente el duopolio televisivo que controla la mayoría de los servicios y
quienes en realidad imponen las condiciones al gobierno para trabajar a su
manera e imponiéndose sobre la ley.
Se
menciona a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como la
principal responsable de regular, otorgar licitaciones y permisos así como
sancionar sea el caso a los medios de
radiodifusión, sin embargo conviene mencionar que el actual gobierno ha creado
el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien ahora tomará esa responsabilidad,
organismo deseado como autónomo, pero que malos manejos desde el nacimiento de
éste, lo aleja de lo que debería ser, sin embargo ese es un tema aparte.
Un
punto a favor de la ley es la reforma y ampliación del artículo 17, pues
contiene todos los requisitos formas de otorgar una concesión, desde la
convocatoria hasta la licitación de forma muy clara, de la misma forma los que
se refieren a los permisos, los cuales son exclusivos para organismos del
gobierno Federal, Estatal, Municipal e instituciones educativas como las
universidades.
El
artículo 59 BIS, agregado en 2009 dio mucho de qué hablar en ése entonces, pues
se acostumbraba a pagar a los medios el tiempo de partidos políticos y del
Instituto Federal Electoral (IFE) en tiempos de campañas electorales, sin
embargo este artículo le otorga tiempo gratis en los medios a los citados
organismos.
Esta
ley también trata de proteger al ciudadano, visto como un consumidor ante la
publicidad de las cadenas comerciales, trata de que los medios reproduzcan
publicidad sana, que no incite a dudas, a mentiras en cuanto a la alimentación
nutritiva, evitar el uso desproporcionado del alcohol, etc. Lamentablemente en
la realidad parece que se hace lo contrario, pues aunque se hace un mínimo
esfuerzo, el poder de los empresarios sobrepasa el de la ley.
En
las sanciones, a mi consideración, la ley busca controlar a los medios,
regularlos y mantenerlos siempre vigilados, imponerles tiempos de propaganda
del propio gobierno y no está mal, a salvo de un “control”, lo que se puede considerar mal es que no sea una
regulación pareja para todos los medios, que algunos gocen de privilegios,
grandes por cierto, de saltarse la ley cuando quieran y que hasta Hacienda le
condone sus impuestos, siendo ellos quienes más ganan en este país. Del otro
lado, existen medios que son extremamente vigilados y sancionados por el
gobierno, utilizando castigos que no vienen escritos en esta ley como el quitar
la propaganda gubernamental, castigo en el que muchos medios responsables se
han visto afectados.
En
realidad no existe una real competencia como lo requieren las letras de esta
ley, sabemos que son dos empresas las que superan por mucho a las demás y que
obviamente, son aliadas (en veces jefes) del gobierno, es por eso la
interrogante de ¿El Estado es real propietario del espacio radioeléctrico?
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