Omar
Romo.
Cada
tres años hay elecciones en nuestro país, sin embargo no todo se
limita a emitir un sufragio, contabilizarlo con el total y dar a
conocer al ganador al final de la votación, esto es solo lo básico,
pero el proceso completo, el dictaminado, vigilado y sancionado está
en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(COFIPE) para conocimiento de la ciudadanía.
El
Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y la Cámara de Diputados son los
encargados de aplicar las normas estipuladas en el presente Código.
Pero en los últimos años, especialmente en las tres pasadas
elecciones federales (2000, 2006 y 2009) los encargados de vigilar el
antes, durante y después de las elecciones se han visto en
condiciones de ineficacia y ya no son confiables para la sociedad
mexicana, además de que contamos con uno de los Institutos (IFE) más
caros a nivel mundial.
Los
medios juegan un papel importante en las elecciones, primeramente
durante las campañas, en las elecciones y después de estas;
especialmente son dos televisoras -Televisa y TV Azteca- también
conocidas como el duopolio televisivo, las que influyen en el proceso
electoral de distintas maneras.
Y
tan importantes son los medios que el IFE tiene un Cómite de Radio y
Televisión para regular los tiempos de la publicidad electoral, así
como la promoción del voto y la democracia, sin embargo este cómite,
junto con todo el Instituto se mantienen en una crisis de
credibilidad por gran parte de la ciudadanía.
En las pasadas elecciones elctorales (2012), donde Enrique
Peña Nieto fue electo presidente de la República, se descubrió
-después de que tomará posesión del cargo- que el PRI, partido
representativo del actual presidente y varios partidos más habían
violado el Código, comprando espacios de televisión y radio fuera
de los permitidos por éste.
41
minutos diarios en el tiempo comprendido desde las precampañas hasta
la jornada electoral son los disponibles para publicidad en radio y
televisión para los partidos políticos, sin embargo, a estos
pareciera no importarles y se saltan el Código sabiéndose inmunes
hasta pasando el año de la elección federal. Y esta es una gran
laguna en el Código, ya que el sobrepasar los tiempos oficiales en
los medios no es causa de anulación de la elección, simplemente los
partidos políticos se hacen acreedores a una sanción económica –
millonaria, por cierto- que al fin y al cabo es pagada por todos los
mexicanos con sus impuestos, además de que esa sanción sale a la
luz ya que todos los funcionarios electos están en sus puestos.
Se
esperaría también una igualdad entre los tiempos oficiales de los
partidos, no importando si son chicos, medianos, grandes, de derecha,
de izquierda, etc. Pero no es así, pues el Código estipula que los
tiempos de los partidos políticos se dará el 30% de forma uniforme
y el restante 70% en proporción al número de votos obtenidos en la
elección de diputados federales o locales (según sea el caso) de la
elección anterior a celebrarse.
Estas
disposiciones no permiten una contienda justa, puesto que los mismos
partidos de siempre tendrán a su favor el mayor tiempo en radio y
televisión, que como ya mencionaba, son importantísimos para que la
sociedad mexicana esté enterada de lo que sucede en el ámbito
electoral.
En
conclusión personal, este Código busca favorecer a los mismos de
siempre, al PRI y a las televisoras, y además trata de disfrazar la
corrupción y desigualdad como democracia participativa, también
disfraza la ineptitud y falta de claridad de cuentas como falsa
transparencia, que además es tardía.
Recientemente ell
presidente Enrique Peña Nieto ha propuesto la eliminación del IFE,
para crear el Instituto Nacional Electoral (INE), buscando un ahorro
hasta del 50% del presupuesto destinado al actual Instituto al
eliminar también, los organismos estatales que dependen de éste;
sin embargo, aún con estos cambios que se pretenden hacer parece que
será más de lo mismo pero con diferente nombre, como lo está
siendo también el IFETEL. Mientras no se quiera hacer un cambio de
fondo en los institutos “autónomos” que regulan casos
gubernamentales y los intereses de unos cuántos sean removidos,
entonces el cambio será tangible para todos los mexicanos.
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